La pandemia que atravesó el mundo en el 2020 cambió las cosas para siempre. En el Perú, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo establecieron una serie de normas para poder hacerle frente. Así, uno de los rezagos que nos dejó la pandemia (en el ámbito político) fue la flexibilización institucional.
Como atravesábamos una situación sin precedentes, se implementaron también medidas sin precedentes: se nos encerró por meses, se dejó a los niños sin escuelas y se nos permitió acceder a nuestros fondos de AFP, CTS, y congelar deudas. La mayoría eran medidas necesarias; los peruanos entendíamos que debíamos sacrificar algunas libertades en favor del bienestar común, y las medidas económicas otorgaron a muchos la liquidez necesaria para subsistir el encierro.
Sin embargo, dos años después, este tipo de medidas –que hubiesen sido impensables antes de la pandemia– siguen presentes en los manuales de nuestras autoridades. El ejemplo más evidente es la inmovilización obligatoria a la que nos sometió Castillo el pasado 5 de abril. El encierro no puede normalizarse.
En el Legislativo también persiste la presentación de un alto número de iniciativas que buscan flexibilizar normas que solo deberían ser alteradas ante situaciones extraordinarias –como una pandemia–. Estas medidas populares (¿quién no quiere tener acceso a su fondo de AFP hoy?) se han mantenido presentes, incluso cuando la pandemia está de salida.
¿A qué voy con todo esto? Estamos permitiendo un debilitamiento institucional. El encierro al que se nos sometió en la pandemia por ningún motivo debe repetirse. Nuestros niños no deben ver sus colegios cerrados nunca más. Debemos velar por la institucionalidad incluso en aquellas áreas en las que provoca socavarla, como cuando se trata de preservar los ahorros de los peruanos para la vejez.
Echemos un ojo a cómo se gobierna y cómo se legisla. Preservemos la poca institucionalidad que le queda a este país.
