“Nisman se suicidó y espero que Luciani no haga algo parecido”, dijo hace dos días el presidente argentino Alberto Fernández. Una frase que muchos consideran una velada amenaza al fiscal, quien pidió 12 años de cárcel para la expresidenta y actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Kirchner.
“Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, había dicho el fiscal Diego Luciani al pedir que la polémica política argentina sea condenada a prisión y sea inhabilitada para ejercer cargos públicos por ser jefa de una asociación ilícita. La reacción del poder ha sido desesperada. No solo sostiene que es una persecución política-judicial sino que dejó entrever que a Luciani le puede pasar lo que ocurrió a su colega Natalio Nisman, quien fue hallado muerto en su casa en el 2015, luego de denunciar a Cristina Kichner por encubrir a un grupo de iraníes que realizaron un atentado en Buenos Aires contra una asociación israelita.
Uno de los que se ha solidarizado con Cristina es el presidente Pedro Castillo y pidió respeto a la democracia, el Estado de Derecho y el debido proceso. Sería bueno que aquí nuestro mandatario sea coherente con esas palabras y colabore con la justicia. Por ahora hace todo lo contrario e incluso junto al premier Aníbal Torres ponen en entredicho y desacreditan la labor del Ministerio Público y el Poder Judicial. No comprenden que es fundamental para la democracia que las instituciones actúen con independencia con respecto al poder político.
Deben tener claro que el enemigo es la delincuencia y la corrupción, no los fiscales. Deben ser conscientes que la última palabra la tiene la justicia, porque es “la única institución creada en todo el mundo por los padres de la civilización y de la democracia para impedir la barbarie, la arbitrariedad y la venganza a propia mano”. Dejen de hablar que son víctimas de una persecución política y judicial. No demuestren desprecio por el sentido de justicia y el respeto a la ley.
