El último día del 2020 se promulgó la Ley 31110 “del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego agro exportador y agro industrial”, reemplazante de la 27360 de promoción agraria, vigente desde diciembre del 2000.
La norma no satisface a ninguna de las partes involucradas, pues los empresarios insisten que se perderá miles de puestos de trabajo, mientras los trabajadores afirman que continúa la sobreexplotación, al licuarse sus beneficios en el salario diario, sin previsión social, y que se paga un menor impuesto a la renta al Estado. A esto se suma que a ESSALUD se le seguirá pagando un porcentaje menor al 9%, que es lo ordinario. Los privilegios a las empresas agroexportadoras continuarán hasta el 2030.
Mientras las protestas y tomas de carreteras se mantienen, el número de víctimas fatales por el uso ilegal de armas de fuego es de alrededor de 6, y el Poder Ejecutivo ofrece convocar a las partes para “mejorar sus alcances en la reglamentación de esta ley”, ofrecimiento engañoso ya que el reglamento no puede variar el alcance de la ley.
El conflicto nos recuerda que se encuentran en juego: a) La disputa por la distribución de ganancias, b) La implementación de condiciones laborales y salarios dignos, c) La capacidad del Estado de hacer cumplir los derechos laborales de los trabajadores, garantizando condiciones de vida dignas a sus ciudadanos.
La realidad, más aún en crisis económica, muestra una distribución de la riqueza desigual e injusta, expresión de la “lucha de clases” o “libre competencia”. Esa es la realidad y nos toca buscar canales institucionales para el manejo de los conflictos sin víctimas y favoreciendo los sectores desprotegidos y más vulnerables.
