La situación del hermanísimo Nicanor Boluarte, quien habría querido formar su partido político propio valiéndose de “aliados” nombrados con fines nada santos en prefecturas y subprefecturas, debería poner nuevamente sobre la mesa un debate que lleve de una vez a la eliminación de estas obsoletas dependencias públicas que están dentro del organigrama del Ministerio del Interior.
Si ya tenemos gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, qué tanta falta hacen estos empleados que reciben un sueldo, que en teoría representan al presidente de la República, y que más bien suelen ser usados por los gobiernos de turno para operar en favor del mandatario, tal como lo vimos en la lamentable gestión del golpista Pedro Castillo, quien los movilizaba a Lima como si fueran su portátil.
El dinero que se destina a mantener las casi inservibles prefecturas y subprefecturas bien podría ir a reforzar la labor de alcaldes o de jefes policiales en regiones donde no hay ni para la galosina de los patrulleros. Esto ha debido suceder hace mucho tiempo, lo que habría evitado situaciones lamentables como las que vemos hoy, en que el hermano de la mandataria habría estado metiendo las narices donde no debía.
¿Cuál es el interés de mantener las prefecturas y subprefecturas? ¿Por qué el Congreso no las erradica de una buena vez? ¿O es que en el futuro también se quieren aprovechar de ellas?
