El ministro de Defensa, Walter Astudillo, ha sido muy sensato al afirmar el sábado último que las Fuerzas Armadas tienen funciones específicas y que no deberían participar en la lucha contra la inseguridad en las calles, que es una competencia de la Policía Nacional, a la que habría de dotar de más personas y mayores recursos a fin de que hagan el trabajo que la ciudadanía exige para acabar con asesinos, extorsionadores, ladrones, secuestradores y demás lacras.
Está claro que contra los sicarios que andan en moto buscando a su víctima para meterle un balazo en la cabeza mientras camina por una calle; frente a los cobardes extorsionadores que ponen explosivos en la puerta de un colegio o una bodega; ante los rateros que se meten a robar a una casa o los secuestradores que muchas veces también torturan y matan, es poco lo que pueden hacer los miembros del Ejército con sus fusiles de guerra parados en las calles.
Además, de qué vale la pena movilizar tropa si en el hipotético caso que logren detener delincuentes, el Ministerio Público y el Poder Judicial se van a encargar de soltarlos a las pocas horas, simplemente porque no se ha empezado por hacer una coordinación entre entidades de un mismo Estado, para que no sucedan este tipo de situaciones que ya tienen muy indignados a los peruanos que no ven resultado alguno en la lucha contra la criminalidad.
Es de esperarse que la lógica expuesta por el ministro Astudillo sea aplicada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que desde el año pasado ha dispuesto sin mayor sustento técnico estados de emergencia y la intervención de las Fuerzas Armadas en labores contra la delincuencia común, en lugar de reforzar a la Policía Nacional que desde décadas arrastra déficit de personal y equipamiento, en parte, también, debido a la corrupción que debe ser erradicada de dicha institución.
El tipo de delincuencia que nos golpea, se combate con inteligencia policial que permita identificar y arrestar a sicarios, extorsionadores y demás, que luego deberán ser llevados ante jueces y fiscales con los pantalones bien puestos y que trabajen pensando en el ciudadano y no en el hampón, para finalmente ser encerrados en penales seguros y de donde no puedan seguir delinquiendo. Nada de esto tenemos por ahora. Es la triste realidad que no se soluciona sacando al Ejército que nada tiene que hacer acá.
