Debemos fomentar el principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.
Hablamos del concepto de “Estado de Derecho”, que tiene como fundamento oponerse a la idea de que el Estado está por encima de todo, incluso de las leyes, surgiendo la idea de dar cierta protección, dentro de un marco jurídico, a los habitantes de un Estado. En ese sentido, el World Justice Project® (WJP) —organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para crear conocimiento, generar conciencia y estimular la acción para promover el estado de derecho en todo el mundo— estableció, en 2022, el Índice de Estado de Derecho, por lo que presentó un panorama de 140 países, en el que nuestro país obtuvo el puesto 90, con un puntaje de 0.48 en el rango de 0 a 1.
Para determinar el puntaje y el ranking de Estado de Derecho, el WJP analizó ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. La intención es que este diagnóstico sea utilizado como un instrumento para identificar las fortalezas y debilidades de cada país, así como para fomentar políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho a nivel nacional.
Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de injusticias, combate la pobreza, es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades y paz, favorece la inversión privada, además que coadyuva al desarrollo de gobiernos transparentes que rinden cuentas y es la base del respeto a los derechos fundamentales. Para lograr estos objetivos, debemos orientar los esfuerzos en mejorar los factores evaluados y cortar las limitaciones que nos imponen, sobre todo, la corrupción, el desorden, la inseguridad y el incumplimiento regulatorio en todos los aspectos.
