El gobierno insiste en que no dará marcha atrás en su decisión de anular más de 50 mil inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Sin embargo, los últimos movimientos del Ejecutivo revelan todo lo contrario: una peligrosa disposición a ceder.Primero, se anunció que las inscripciones anuladas podrán ser apeladas. Luego, ayer, el premier Eduardo Arana reveló la creación de un subgrupo de trabajo para “evaluar propuestas” de los informales, incluida la posibilidad de restaurar los registros cancelados. Según Arana, no se trata de una amnistía ni de un “borrón y cuenta nueva”, pero considerar siquiera esa posibilidad ya abre la puerta a quienes durante años se escudaron en el REINFO para delinquir y enriquecerse por años.Peor aún: que los llamados “mineros artesanales” exijan como condición para sentarse a dialogar que se suspendan los operativos de interdicción contra la minería ilegal debería ser suficiente para que el gobierno sepa con quién está tratando.No se puede negociar con quienes abiertamente cometen delitos. El problema es que estos delincuentes tienen dinero, poder de presión y financian partidos y congresistas. Por eso tienen una silla en la mesa. Por eso, una vez más, el Estado parece rendirse ante la informalidad.