Tras la huelga magisterial, que duró alrededor de dos meses, las consecuencias fueron, además de una importante pérdida de clases, la negativa de la confianza del Congreso al gabinete Zavala, tras defender a la ministra de Educación, Marilú Martens, y la crisis no ha sido superada del todo con la amenaza de una nueva paralización el 25 de octubre.

La evaluación a los maestros genera debate y diversas posiciones. Si debe haber evaluación o no, están quienes se niegan a toda forma de evaluación, y quienes plantean evaluar considerando los que se van y los que no. Teniendo el objetivo nacional de una educación de calidad y el derecho de los estudiantes a recibirla, además del de los profesores a la estabilidad laboral, es necesario evaluar y priorizar ambos derechos. Planteamos la necesidad de una capacitación continua, con evaluaciones periódicas para ascensos y otras mejoras. Aquellos que, pese a las capacitaciones, desaprueben más de dos evaluaciones, tendrían que dejar temporalmente la docencia en aula hasta aprobar las capacitaciones, debiendo ser reubicados en labores administrativas o auxiliares. Los padres de familia no estaríamos dispuestos a aceptar que un docente desaprobado persista enseñando a nuestros hijos, cuando pretendemos mejorar la educación pública. Una eficiente recuperación de clases requiere pagar a los docentes por los días de la paralización, con el compromiso de recuperar las clases perdidas y, si incumplen, proceder a los descuentos. Progresivamente debe aumentarse el presupuesto del sector Educación hasta el l 6% del PBI, lo que requiere que se incremente la recaudación tributaria por encima del 20% del PBI. Ello nos obliga a pensar en la necesidad de una verdadera reforma tributaria. Remarcamos el objetivo de lograr una educación pública de alta calidad, avanzando en el desarrollo anhelado como país.