Opinión

Extorsión civil

​Se viene la etapa de reconstrucción de la infraestructura pública y privada afectada por El Niño costero, y es lamentable e indignante que los empresarios del sector de la construcción se vean obligados en este momento -ante la inoperancia de un Estado que irónicamente es el que los llama a invertir su plata en obras-, a tener que calcular cuánto les va a costar el pago a delincuentes que, agrupados en seudosindicatos, los extorsionan para “dejarlos” trabajar sin problemas.

30 de Mayo del 2017 - 07:30 Iván Slocovich

Se viene la etapa de reconstrucción de la infraestructura pública y privada afectada por El Niño costero, y es lamentable e indignante que los empresarios del sector de la construcción se vean obligados en este momento -ante la inoperancia de un Estado que irónicamente es el que los llama a invertir su plata en obras-, a tener que calcular cuánto les va a costar el pago a delincuentes que, agrupados en seudosindicatos, los extorsionan para “dejarlos” trabajar sin problemas.

Ayer hemos publicado en Correo una nota que indica que la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) estima que en el proceso de reconstrucción lanzado con bombos y platillos por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se tendrá que desembolsar al menos mil millones de soles por “concepto” de pago de extorsiones a los delincuentes que, agrupados bajo la fachada de sindicatos de obreros de construcción civil, amenazan a los empresarios pequeños y grandes.

Esto quiere decir que ahora, para invertir en construcción y sacar costos de la obra, ya no solo hay que tener en cuenta el valor del material, de la planilla, de los impuestos, los trámites administrativos y demás, sino también cuánto hay que desembolsar a delincuentes para “garantizar la paz laboral”, pues hasta el momento ningún gobierno ha tenido la voluntad política de acabar con los que piden cupos a los constructores para dejarlos trabajar.

Capeco ha advertido que muchas de las obras del proceso de reconstrucción se harán principalmente en Piura y Lambayeque, donde en el último trimestre se han inscrito 34 nuevos sindicatos dudosos de obreros, la gran mayoría con la clara intención de salir a exigir dinero a cambio de “seguridad” en las obras, o a colocar a obreros “fantasmas” que cobran puntualmente su jornal. Quien no cumple con estos pagos, como es sabido, será objeto de amenazas y hasta de acciones violentas.

Bueno sería que el Ministerio del Interior y la Policía se decidan al fin a acabar con las extorsiones en el ámbito de la construcción civil que no solo afecta a los empresarios agrupados en Capeco, sino a todo aquel que haga una obra, incluso pequeña. No se puede fomentar la inversión privada y la generación de empleo si como parte del paisaje están estos hampones, que se han convertido en un serio problema que castiga también a los sindicatos legales y a los buenos obreros.

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