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Es la comprobación de hechos. Es una suerte de control que los medios de comunicación hacen para saber si lo que dice o propone un político es verdad o mentira, y lo que nos compete ahora a los periodistas es aplicar este mecanismo a la campaña electoral que se avecina, pues vamos a escuchar infinidad de promesas, propuestas y juramentos por parte de los candidatos y probablemente nada de lo que dicen sea de su competencia.

En principio hay que dejar bien clarito que, de acuerdo con el artículo 102, son atribuciones del Congreso emitir leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

Es decir, si un candidato ofrece hacer obras públicas, promete dar trabajo a sus votantes o intervenir en algún juicio, está mintiendo. Ya se pueden ver en las redes sociales un carnaval de promesas electorales que suenan bonito, pero que es imposible que un congresista electo cumpla. Por lo pronto ya se ha detectado que hay hasta 20 candidatos de distintas tiendas políticas en Arequipa que registran sentencias judiciales, que van desde demandas por alimentos hasta colusión, pasando por homicidio culposo y un rosario de delitos que ostentan como currículum.

Por eso, si no queremos repetir los errores de la última elección, en la que terminamos eligiendo a los peores y más mediocres congresistas, rechacemos toda clase de dádivas y no les creamos todo lo que dicen. Seamos responsables.