Fallo desbarata tesis de “perseguido político”

Paradojas de la vida. El Gobierno peruano suscribió el Tratado de Extradición con Estados Unidos el 25 de julio del 2001 y fue aprobado por Resolución Legislativa N° 27827 de agosto del 2002, ya durante el mandato de Alejandro Toledo. Han pasado casi 18 años desde ese importante acuerdo bilateral y ahora cobra vigencia cuando el ex jefe de Estado enfrenta serios problemas con la justicia por hechos relacionados con corrupción. Ayer se supo que Toledo seguirá detenido mientras dura el proceso de extradición, según decisión tomada por el juez Thomas S. Hixson de la Corte del Distrito Norte de California.

El fallo es un importante paso para que Toledo regrese al país. Así queda desbaratado el argumento, esgrimido en su defensa, de que “es un perseguido político”; además, por existir el riesgo de fuga al hallarse en su domicilio un maletín con 40 mil dólares.

Los indicios sobre corrupción que vinculan al expresidente son relevantes, en especial en el caso de la presunta coima de $20 millones que habría recibido de Odebrecht para favorecerla en el proyecto de la Interoceánica Sur.

Como ha referido el fiscal coordinador del Equipo especial “Lava Jato”, Rafael Vela, la decisión del juez es resultado de un trabajo conjunto.

Bien por este logro. Queda seguir trabajando para que Toledo, en un tiempo corto, esté frente a un magistrado peruano y responda los cargos que le formule el Ministerio Público, al amparo del Tratado que él mismo apoyó como parte de la lucha en contra de la corrupción.