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Las decisiones judiciales y su repercusión se han convertido en los últimos tiempos en temas ejes de nuestra vida política. Hace poco, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume Fortini, pidió al equipo de fiscales del caso “Lava Jato”, que remita a su despacho las copias de las declaraciones en las que Jorge Yoshiyama sostenía que Keiko Fujimori conocía los aportes de campaña de la empresa brasileña Odebrecht. Esta medida ha producido reacciones de rechazo o adhesión y es otro de los factores de enfrentamiento en el Perú. Algunos dicen que se le está echando sombras a la inocencia de la lideresa del fujimorismo, pocos días antes de que el mismo magistrado sustente la ponencia sobre el hábeas corpus de esta ante el pleno del TC.

Ante este panorama, Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, quiso dejar de ser un ruidoso testigo de esta historia y optó por realizar una huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, un acto que angustia mucho a la excandidata presidencial, tal como lo confesó.

Lo ideal es que los magistrados actúen con objetividad y sin presiones en busca de la verdad. La independencia de las instituciones es fundamental en esta coyuntura. Es cierto que hay personajes, quienes con sus continuas apariciones en los medios, tratan de influir en la opinión pública y en los representantes del sistema judicial, según sus conveniencias, pero eso no puede ser determinante.