Un general de la Policía Nacional del Perú es separado de su cargo en Puno por la compra de alcohol sobrevalorado. El Gobierno Regional de Arequipa está envuelto en una curiosa licitación de artículos de protección a costos elevados y cuyo proveedor es una constructora. En Chilca, Huancayo, el municipio paga casi un millón de soles por 31 maceteros ornamentales. Varios funcionarios acceden a bonos solidarios. Son algunos ejemplos de indicios de corrupción presentados en diferentes instituciones públicas en medio de la crisis que enfrenta el país y, lo peor, sin tener a la vista remedio alguno para controlar a tanto Pepe el vivo que lucra con recursos públicos.

Esta situación nos recuerda la frase de Manuel Gonzáles Prada (ya tiene más de 100 años): “donde se pone el dedo, salta la pus” y cuando, hoy, la mayoría considera a la corrupción como el principal problema a atacar (56%, según encuesta Ipsos del 30 de abril), dejando en segundo lugar la crisis por el Covid- 19.

El problema se agrava con el controvertido Congreso y que en poco tiempo hizo méritos para convertirse en el peor de la historia, por el populismo e inmadurez para legislar temas que ayuden a enfrentar la crisis nacional. Torpezas que el tiempo castigará.

Ante estas circunstancias, es vital que Contraloría y las Oficinas de Control Interno, existentes en cada sector, asuman con responsabilidad su trabajo, observando cada centavo gastado y denunciando cualquier mal manejo existente.

Además, se demanda resultados al Ministerio Público como Poder Judicial, comprometiéndose más en su labor y donde, parece, muchos tiraron la toalla para convertirse en simples observadores, dejando que delincuentes roben con impunidad.