Es inaceptable que el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, en las últimas horas haya dirigido un mensaje por twitter al candidato presidencial por el Partido Perú Libre, Pedro Castillo, calificándolo de “…presidente electo del Perú”. La nota de protesta peruana ha sido acertada. También lo diría si otro mandatario lo hubiera referido en caso se tratara de la señora Keiko Fujimori. Los profesores de derecho internacional nos debemos a la academia y a la consecuencia de nuestro discurso doctrinario en las aulas y por eso -como suelo hacer cada vez que hay un acto político o diplomático incorrecto o inapropiado- escribo esta columna para llamar respetuosamente la atención por una evidente intromisión del presidente Fernández en el proceso de elecciones en el país, primero, perturbando el frente interno peruano que se encuentra polarizado al advertirse un mar de impugnaciones presentadas por los partidos de los dos candidatos y, segundo, porque impacta presionando en las instituciones que tienen a su cargo el proceso de elecciones. La diplomacia argentina, a mi juicio, debió aconsejar al mandatario Fernández del tamaño de sus declaraciones, y no mirar la circunstancia políticamente. Cuando la diplomacia ingresa en los fueros de la política puede terminar comprometiendo los intereses nacionales. Estando integrada por los profesionales de las vinculaciones externas del Estado en el mundo, la diplomacia argentina se ha dejado llevar por el compás de su presidente que solamente piensa en la rentabilidad política de sus declaraciones, asociadas al anillo regional formado por el Foro de Sao Paulo, convertido en el laboratorio de la política internacional de la izquierda latinoamericana. Vivimos momentos muy delicados en que debe prevalecer la ponderación dentro y fuera del Perú. La única manera de contribuir en la región con la democracia peruana es manteniendo una postura ecléctica que no altere la poca normalidad con la que aún contamos. Alberto Fernández es jefe de Estado y como tal personifica a la nación argentina y esa sola legítima altísima membresía nacional que ostenta, exige de él y de otros mandatarios y expresidentes, actuar con absoluto respeto por la voluntad popular de los países de la región.

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