La liberación de Alberto Fujimori sigue generando polémica. La última resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sosteniendo que el indulto del expresidente es un abierto desacato del Estado peruano a las medidas de este organismo internacional, ha desencadenado un intenso debate en el ámbito, destacando la percepción de muchos ciudadanos de que se trata de una clara injerencia en las decisiones soberanas del sistema de justicia del país.
Es fundamental reconocer que la resolución de la CIDH, aunque contundente, tiene un carácter meramente declarativo. En este sentido, corresponde al Gobierno del Perú evaluar y resolver la situación, sin que esta determinación imponga obligaciones directas al Estado peruano. Más allá de la presentación de informes a la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Perú debe mantener su posición firme y defender su Constitución y leyes en el ámbito nacional.
Es imperativo que el Estado peruano, en lugar de permitir que el indulto se siga politizando, enfrente la situación de manera interna y clarifique su posición ante la OEA. La defensa de la soberanía nacional y el respeto a las decisiones adoptadas por las instancias judiciales internas son esenciales en este proceso.
La resolución de la CIDH, aunque propaladora de controversias, no debe desviar la atención de la necesidad de que las instituciones peruanas actúen de manera autónoma y en concordancia con el marco legal establecido. La firmeza del Gobierno en este proceso es clave para preservar la integridad del sistema judicial y mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país.
