Fiscalía, Keiko y una tesis que se desinfla

Ver el vaso medio lleno o medio vacío, de acuerdo a la conveniencia, puede ser una conducta legítima dependiendo del lado de la mesa en el que uno se encuentre. Desde un punto de vista periodístico, desde el análisis riguroso y objetivo, ciertamente no docto pero racional, la declaración de Dionisio Romero Paoletti es la demostración más contundente de que la prisión de Keiko Fujimori no está mínimamente justificada. Tras el testimonio, el sustento de Rafael Vela, de establecer un paralelismo entre esos $3.6 millones del grupo Credicorp y el millón de dólares de Odebrecht resulta ridículo, risible,un insulto a la inteligencia. Según Vela, lo de Romero en el caso Keiko demuestra que: 1) Recibió dinero en condiciones de clandestinidad, de exorbitancia; 2) Larendición de cuentas ante la ONPE fue falseada; y 3) Tácitamente acepta la modalidad del pitufeo para el ingreso de capital a la campaña. La pregunta entonces es: ¿Y? ¿Y qué hay con eso, señor fiscal? ¿Dónde está el lavado de activos? ¿No saben Vela y Pérez que como sostienen penalistas como Carlos Caro Coria, en el caso OH/NH,"no existe el delito de financiaciónilegal de partidos por lo que la sola entrega de dineroentre dos privados noconstituye un delito sancionable?".Acá lo que hay -añade Caro- es unailegalidad administrativa electoral por haber excedido el monto máximo de aporte de una empresa y no haberlo declarado. Un par de preguntas más: ¿Los partidos estaban en capacidad, en 2011, de diferenciar que un dinero de Credicorp no tenía origen ilícito y otro de Odebrecht, sí? ¿No era en el 2011 Odebrecht una empresa tan confiable y reputada como el Grupo Credicorp? ¿Entonces, señor fiscal? ¿Cuáles son las bases de su acusación? ¿Qué columnas gelatinosas sostienen una prisión preventiva de 18 meses? ¿Qué pruebas, documentos y testimonios dan cuenta del delito? No se trata aquí del fujimorismo, de las simpatías o antipatías que despierte, porque igual reacción debería ameritar el caso sise tratase de Verónika, Simon o Cerrón. Setrata de una perversión penal que tendría que tener preocupada a las principales instituciones y constituir una alertasobre la seguridad jurídica del país. Se trata del Estado de Derecho.