Fiscalía tiene que seguir investigando

Sorprendió la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac al revocar los 36 meses de prisión preventiva contra los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, que se desempeñaban como asesores legales de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac) y fueron acusados de extorsión y organización criminal en perjuicio de la minera MMG Las Bambas. La medida comprende además a Carlos Vargas, quien trabajó como promotor en el Área de Relaciones Comunitarias de la compañía y es considerado persona de confianza de los abogados.

Las pruebas alcanzadas por el Ministerio Público, que en un inicio logró la reclusión por 3 años, para la Sala no incluían elementos suficientes para que el juez dicte la medida hasta que se concluyan las investigaciones.

La medida generó cuestionamientos de diferentes congresistas, entre ellos Juan Sheput, quien opinó: “Existían claros indicios de que cometieron extorsión y estaban inmersos en ilegalidades, y demuestran debilidad por parte del Estado”.

Otros legisladores han expresado similares reacciones sobre este controvertido fallo del Poder Judicial que dispone su libertad bajo comparecencia con restricciones y cumplimiento de ciertas reglas de conducta.

El fallo no libera del todo a los abogados de los presuntos delitos en los que estarían implicados, razón por la cual el Ministerio Público, a través del fiscal encomendado, debe profundizar las investigaciones a fin de reunir las pruebas que el caso amerita y para que en un juicio se determine si existió o no extorsión.