Contar con reglas claras y definida para el desarrollo de un proceso electoral transparente, es un principio necesario de la democracia a fin de no perturbar la decisión soberana de los electores.
A menos de 50 días de las elecciones generales, no se termina de conocer la lista definitiva de candidatos, lo que resta posibilidades al debate político programático de sus propuestas, indispensable hoy que enfrentamos pandemia y crisis económica. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Debieran responderse sin medias tintas.
El 2016, a menos 30 días de la fecha de elecciones generales, fueron retirados de la competencia César Acuña y Julio Guzmán, por errores u omisiones en sus declaraciones juradas de bienes y rentas. El 2018, Walter Aduviri fue admitido como candidato a Gobernador Regional de Puno el viernes previo al domingo, día de elecciones regionales.
Hoy, las distintas instancias del JNE están facultadas para retirar candidatos hasta 24 horas antes de las elecciones de abril, convirtiéndose, en los hechos, en sustitutos de la voluntad popular. Algo falla en el sistema electoral.
El JNE necesita y debiera tener acceso a todo registro o información bancaria, tributaria, patrimonial, antecedentes judiciales y penales de los candidatos, haciéndola pública de ser necesario. Celeridad y capacidad de fiscalización necesitan ir de la mano. Justicia o fiscalización que tardan, no cumplen sus fines.
En caso contrario, se deben aplicar otras sanciones: multas de varias UIT, multas por un porcentaje del valor de los bienes patrimoniales u otras que permitan sancionar sin que el JNE reemplace la voluntad popular por procedimientos a los que debiera tener acceso de oficio, de manera transparente.
