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Se ha perdido la cuenta del número exacto de autoridades municipales y regionales que enfrentan problemas con la justicia, incluso algunos cumplen prisión por actos vinculados a la corrupción.

Dichos gobernantes tienen bajo su cargo el manejo de recursos de dineros públicos para financiar una serie de proyectos, como también atender demandas de su población. Sin embargo, por mala administración de estos se cometen errores, pese a existir controles y fiscalización.

Para seguir monitoreando que las gestiones de las autoridades en mención sean eficientes y menos corruptas, en la semana que acaba de concluir, el pleno del Congreso debatió proyectos de ley dictaminados en las comisiones de Descentralización y Gobiernos Locales y de Constitución que incorporan nuevas causales de vacancia para gobernadores regionales y alcaldes, modificando así las leyes orgánicas de municipalidades y gobiernos regionales.

Uno de esos motivos es la no concurrencia de estos gobernantes a comisiones del Congreso para explicar y aclarar sobre observaciones que existan a su gestión, como también no dar importancia a otras funciones que les competen, como mantenerse al margen del debate del presupuesto participativo, incumplir su labor de dirigir las acciones en casos de riesgos de desastres y otros.

Son cambios a punto de aprobarse y se espera que ayuden a optimizar el trabajo de los titulares de los gobiernos municipales y regionales en el territorio nacional, que en muchos casos resultan un fiasco.

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