Es evidente la fractura política entre los representantes políticos con la mayoría popular. Aquellos que recibieron el voto y el respaldo popular lo han perdido, así como han perdido todo espacio de representación popular.

En poco tiempo diversos políticos han recibido el rechazo de la población. En Lima y provincias han sido rechazados no solo 26 congresistas, alcaldes, y gobernadores, sino también ministros y la propia presidenta.

Las encuestas desaprueban la gestión de las instancias de gobierno, el Congreso y el Poder Ejecutivo con una aceptación por debajo del 10%.Esta fractura debilita la institucionalidad y nos acerca a convertirnos en un Estado fallido, con un Congreso que legisla por el interés egoísta de la mayoría de sus integrantes, mientras el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional actúan por intereses subalternos. Es perentorio un profundo cambio. Necesitamos una nueva Constitución que permita la transformación que necesitamos del país así como se requiere un Estado eficiente al servicio del país y no de intereses subalternos.

La alianza que nos gobierna, el Ejecutivo de Dina Boluarte, y el Congreso en manos de una alianza conservadora, debiera empezar con estos cambios. Es su responsabilidad porque controlan formalmente los poderes del Estado y gobiernan el país.

Recuperar la vocación de servicio de la política es también responsabilidad y obligación de la ciudadanía. Las manifestaciones de descontento y rechazo son parte de este proceso. Ahora corresponde democratizar las organizaciones políticas y plantear propuestas posibles de solución a la crisis institucional que vivimos.