En medio de un clima de inseguridad en las calles de varias ciudades del país, particularmente de la periferia de Lima Metropolitana, los peruanos seguimos recogiendo el producto de la mala siembra que hicimos en años anteriores. Perjudicial labranza en la elección de autoridades, pero también en el poco valor que dimos a la educación, en sus diferentes niveles.
La falta de interés –de millones de ciudadanos– para informarse correctamente antes de ejercer el voto en las urnas, ha tenido como resultado que tengamos diversas autoridades que denotan incapacidad en la labor estatal, lo cual se refleja en 1.- La mala designación de funcionarios de confianza que no conocen la realidad nacional o tardan mucho en hacerlo. 2.- La pobre ejecución de políticas públicas a cargo de gobernantes que – en mayoría– siguen con el discurso, la promesa o la acción anodina y no resuelven los problemas ciudadanos. 3.- Inconductas, desconocimiento y sesgo particular de varios congresistas que dificultan plasmar cambios normativos especialmente en materia electoral. 4.- Un sistema de justicia mediocre con personas que olvidan la importancia del estado constitucional democrático de derecho o que simplemente demuestran un pésimo juicio para entender a la Constitución Política y las leyes, como los casos del increíble comunicado de la Junta Nacional de Justicia, bajo el título de “riesgo de afectación del orden democrático” o de la interpretación del magistrado Manuel Monteagudo.
Es ahora cuando se manifiesta la urgencia de la implementación de un plan nacional de educación con objetivos para fomentar el civismo, la responsabilidad ciudadana, y principalmente para optimizar la comprensión de lectura, el análisis y el razonamiento, que hoy claramente son deficientes. ¡Es hora que las fuerzas políticas actúen!
