Con el voto dirimente de su titular Augusto Ferrero a fin de romper el empate, el Tribunal Constitucional (TC) ayer ha validado el indulto que dio el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017 a Alberto Fujimori, por lo que en las próximas horas el exmandatario dejará el penal de Barbadillo, donde purgaba una condena de 25 años desde setiembre de 2007, cuando fue extraditado desde Chile, a donde llegó dos años antes procedente de Japón.

Guste o no, el fallo del TC tiene que ser cumplido a cabalidad, más allá de lo que digan las calles a través de marchas y movilizaciones, y de las bravatas del a veces pintoresco premier Aníbal Torres, quien incluso ha expresado su ilegal deseo de cerrar este órgano que esta vez ha dado un fallo que no es de su agrado. Esta ojeriza hacia el máximo intérprete de la Constitución no debería sorprender, pues en campaña su hoy jefe Pedro Castillo se pronunció en el mismo sentido.

Hoy los detractores del fujimorismo y la gente de izquierda critican a rabiar al TC que ha dado libertad a Fujimori. Sin embargo, hace tres años aplaudían a este mismo colegiado luego que validó el cierre del Congreso perpetrado por Martín Vizcarra a través de la insólita “denegación fáctica de la confianza”. Cuando el máximo intérprete de la Carta Magna dio un fallo de su agrado era bueno, pero ahora que le ha dado a razón al “Chino”, es todo lo contrario. ¿En qué quedamos?

Desde el gobierno de Pedro Castillo tampoco deberían quejarse mucho por el fallo que ha validado el indulto que en 2017 favoreció a Fujimori, pues hace pocos meses los lápices enviaron a uno de sus operadores legales, el exministro de Defensa Walter Ayala, para que a través de una tinterillada bloquee la elección de nuevos magistrados del TC que debía hacer el Congreso anterior. ¿Querían mantener el actual colegiado?, pues ahora vean las consecuencias de esto.

Se entiende el malestar de los que rechazan más a Fujimori que al carnicero Abimael Guzmán, y de quienes han hecho carrera política y han vivido muy bien recordando los delitos y excesos del gobierno de Fujimori que acabó hace 22 años. Pero ahora queda respetar el fallo de una entidad que ellos mismos se han negado a renovar, pese a que cinco de sus seis miembros tienen mandato vencido y hay una plaza vacante más por la reciente muerte de uno de sus magistrados. No hay mucho que reclamar.