Que tenemos una presidenta como la señora Dina Boluarte que jamás debió llegar a cargo, es un hecho, como lo es también la precariedad del gabinete ministerial encabezado por Gustavo Adrianzén, quien desde que asumió el cargo no ha hecho más que exceder sus funciones y defender a una mandataria que da vueltas y vueltas pero no se toma 30 segundos en aclarar ante el país de dónde salieron los relojes y las joyas que luce en eventos públicos, y los montos de dinero que tenía en cuentas a su nombre.

Estaba cantado que el equipo ministerial del premier Adrianzén iba a recibir el respaldo de la mayoría del Congreso. Desde días atrás se dieron negociaciones que han implicado la salida de algunos ministros, al tiempo que el Poder Ejecutivo se ha apurado en transferir 50 millones de soles adicionales al Legislativo a modo de “pasada de mano” o “cariño”, para que haya más bonos y contratación de gente que habría que ver qué trabajo hace al servicio de los peruanos.

Sin embargo, el problema de fondo y que se mantiene latente, es que la mandataria insiste en guardar silencio respecto de sus signos exteriores de riqueza. Está previsto que mañana acuda a declarar ante el Ministerio Público y nos queda esperar que haya una versión satisfactoria no tanto para los fiscales, sino para los peruanos que están siendo burlados por una mandataria que habla de sus “manos limpias”, pero se escuda hasta en su condición de mujer para ocultar de dónde salieron relojes, joyas y billetes.

Alguien debería decirle a la señora que el caso ha ido escalando cada día y que hoy los Rolex han llevado a una investigación más amplia por montos que superan el medio millón de dólares, todo por jugar al misterio. Ni siquiera un escandaloso allanamiento con rotura de la puerta de su casa, ha hecho que la mandataria se anime a hablar. No hay que ser muy astuto para darse cuenta que el largo silencio se debería a que los signos de riqueza no tienen un origen lícito.

El gobierno está con tarjeta no amarilla, sino naranja; y si no afina muchas cosas como la casi nula lucha contra la criminalidad o el débil manejo económico, sumado a escándalos que pueden parecer poca cosa, pero no lo son, difícilmente va a llegar a julio del 2026 no por acción de la oposición de la izquierda castillista y golpista, sino por los propios desaciertos de una administración que no está a la altura del reto de llevar los destinos de un país en eterna crisis.