Entre las normas abiertamente inconstitucionales que el Congreso está aprobando gracias a la ya conocida coalición entre el fujimorismo y el cerronismo, así como sus respectivos satélites, está la eliminación, sin mayor análisis, de los movimientos regionales.
La única explicación razonable para que una norma de este tipo proceda es que quieren ganar en mesa lo que no pueden hacer en las urnas ya que, solo por dar un ejemplo, en 2022 se eligieron 25 gobernadores regionales y 16 de ellos fueron electos por movimientos regionales.
El país está tomado por un Congreso envalentonado que carece de contrapesos gracias a un Ejecutivo débil, aunque diga que no lo es, encabezado por una Dina Boluarte que no está gobernando sino que su atención está puesta en cómo desbaratar las investigaciones fiscales que enfrenta.
A eso hay que sumarle un Consejo de Ministros que ha claudicado de su función y solo está dedicado a defender a la mandataria. Ni una renuncia ni voz de protesta ha surgido del gabinete, solo un silencio cómplice que, estamos seguros, no será olvidado.
La respuesta de los movimientos regionales no demora en llegar. A través de su Asociación han anunciado protestas y marchas en todo el país porque nadie puede limitar el derecho de elegir y ser elegido.
