En diciembre pasado emitimos como IPAE Asociación Empresarial un comunicado exigiendo al gobierno y al Congreso no retroceder en el camino hacia una educación de calidad. Resaltamos en el mismo que requerimos asegurar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad en las instituciones educativas, así como generar los mecanismos, indicadores e incentivos que fomenten la mejora continua y la innovación.

Al respecto, a pesar de que en ese camino cobran especial relevancia la reforma universitaria y la Sunedu, el Congreso de la República viene contemplando retrocesos en el licenciamiento y la composición del Consejo Directivo de Sunedu, con proyectos de ley que están para discusión del pleno.

Sobre este tema cabe resaltar lo que acaba de señalar Unesco:

1. Los procesos de aseguramiento de la calidad de la educación superior, cuando son independientes, permiten garantizar la calidad y la equidad.

2. El licenciamiento no atenta contra la autonomía universitaria.

3. No se conoce país de un nivel de ingresos medio o alto que no cuente con procedimientos de aseguramiento de la calidad.

4. Son procedimientos que han mostrado resultados favorables a nivel internacional.

5. La definición de calidad y de sus estándares mínimos se debe establecer desde una agencia independiente.

6. Los miembros del directorio son escogidos por principios de meritocracia.

7. Es responsabilidad del Estado velar por los estudiantes afectados en procesos de licenciamiento.

Sobre la autonomía universitaria, en adición a lo que dice Unesco, cabe recordar que el Tribunal Constitucional ha validado la Ley Universitaria, y ha destacado que el hecho de que Sunedu haga su labor de control, regulación y fiscalización no atenta contra la autonomía universitaria.

La pretensión del Congreso de modificar la composición del Consejo Directivo para que las universidades tengan una importante participación en el mismo implicaría permitir que sean juez y parte, y además juez de la competencia que tramite su licenciamiento.

Como ha destacado Unesco, el licenciamiento como mecanismo para asegurar mínimos de calidad y la independencia de la entidad supervisora son garantías de protección del derecho a la educación. Defendamos esas garantías. El Congreso no debe aprobar proyectos de ley que van en contra de las mismas.