El Estado es el titular exclusivo del uso de la fuerza y lo ejerce legalmente a través de sus instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ante el desborde de la criminalidad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, sostuvo en una sustanciosa entrevista para el portal El Montonero, que, “si queremos orden social, progreso, desarrollo social y económico, debemos proteger a la policía y a la fuerza armada”. Este pronunciamiento es de capital importancia, porque recupera el fundamento teórico y práctico que sustenta la existencia del Estado moderno. Desde esta perspectiva, el Estado posee el “monopolio de la coacción física legítima”. Si recordamos la clásica definición que da el sociólogo alemán Max Weber, sobre el Estado moderno –definición, por cierto, que es universalmente aceptada, al menos en el campo académico– el Estado es una asociación o grupo humano, territorial y jerárquicamente organizado, que ejerce y administra el monopolio de la fuerza para imponer el orden. De modo que, ese cuerpo administrativo que tiene el monopolio de la fuerza legítima, tiene el mandato de desintegrar a las asociaciones delictivas, recomponer el orden interno y garantizar la paz pública. La violencia, que nace de las organizaciones criminales, debe ser reprimida por las fuerzas del orden. Este es el deber primordial del Estado: garantizar la paz interior. Parafraseando al poeta Baudelaire, los periódicos están manchados de sangre, porque diariamente la prensa nos enfrenta a esa realidad espantosa que representa el crecimiento desbordante del crimen. Solo el Estado, con sus recursos y capacidades, podrá restaurar la paz social.
