Gasoducto del sur: sin luz al final del túnel

Cuando el Gobierno, en enero del 2017, resolvió concluir la concesión del Gasoducto Sur Peruano, autoridades del sector Energía y Minas indicaron que en el primer trimestre del 2018 se licitaría el reinicio de las obras de construcción. La medida se tomó debido a que el consorcio (Enagás, Odebrecht y Graña y Montero) no tenía el financiamiento, además que se destaparon actos de corrupción en este proyecto, que significan hoy una gran pérdida para el país, como el pago de casi $50 millones al año para el mantenimiento de la infraestructura abandonada.

Después, el año pasado, otro anuncio del MEM, bajo la gestión del presidente Martín Vizcarra, proyectaba la adjudicación del gasoducto para el 2019 con la participación de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), que contrató a una consultora inglesa para definir el nuevo cronograma, que debía conocerse por estos días; sin embargo, ahora indican que por demoras en el análisis lo previsto sufrió modificaciones y la licitación recién saldría el 2021.

Estas idas y venidas con el Gasoducto Sur Peruano dejan un sabor amargo en regiones por donde pasará, en especial en momentos en que la pérdida de empleos aumenta rápidamente por otros proyectos de inversión paralizados, y aquellos pocos que están en cartera en los últimos días sistemáticamente son boicoteados por intereses y manipulación política.

El Gobierno urge salir de esta pasividad y lentitud en la que se encuentra, pues las protestas ya sacuden al país y pueden extenderse, en especial en el sur.