"Gasolinazo" y el general caído

La detención del excongresista de Alianza Para el Progreso Edwin Donayre generó diversas informaciones y reacciones en la opinión pública; sin embargo, vale la pena recordar que fue condenado en agosto del 2018 por el llamado caso "Gasolinazo", que lo implicó en el robo de combustible cuando desempeñaba el cargo de comandante de la Región Militar Sur del Ejército Peruano en el 2006.

Debieron pasar más de 10 años para dictarse una sentencia sobre un delito en el que incurrió dicho exoficial del Ejército; no obstante, por la inmunidad parlamentaria que lo protegía, se dilató su sanción de prisión efectiva, confirmada por la Suprema en abril de este año.

Más allá de este sonado escándalo, que ahondó la alicaída imagen del Congreso, hay que ser claros y precisos: este tipo de delitos son comunes al interior de las Fuerzas Armadas y Policiales, como también en instituciones estatales, donde personajes que están en cargos de poder se apropian de recursos públicos para beneficio personal o son parte de mafias instauradas con el único fin de robar.

Las denuncias de "gasolinazos" son frecuentes, pero pocas se descubren y castigan, porque varias de ellas prefieren ser ignoradas y tapadas para que todo quede impune.

Hoy Donayre es un general que cayó en desgracia por la codicia de amasar recursos que eran de su institución y de la tropa a su mando, pero pagará su delito con cinco años y seis meses de prisión.

Este caso de corrupción es importante y hay que tomarlo como un desafío para estructurar mejor los controles y fiscalización de bienes públicos, castigando a los pillos que se enriquecen a costa de los recursos de los peruanos.