Es muy grave el atentado sufrido por el periodista piurano Enrique Bayona, quien fue el primero en denunciar a través de un medio local, Palmera TV, la red de corrupción en obras de corrupción en la que ha resultado implicado el congresista Guillermo Bermejo, personal que trabajaba en su despacho, un exalcalde del distrito de La Unión y exfuncionarios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) colocados por el corrupto régimen de Pedro Castillo.

El vehículo del hombre de prensa ha sido incendiado en La Unión y no es el primer ataque que sufre desde que destapó una red de corrupción que según el Ministerio Público, cobraba un porcentaje por las obras que “gestionaba” en ese distrito donde el agua potable y la luz son un lujo para pocos. En otras palabras, esquilmaban a los más pobres de entre los pobres de la región Piura, siempre amenazada por el fenómeno El Niño como el que se anuncia para los próximos meses.

En agosto, Bayona dijo que fue baleado mientras iba su camioneta, la cual esta vez ha sido quemada por desconocidos en la puerta de su casa. En entrevista publicada ayer, el hombre de prensa ha responsabilizado de estos hechos a los implicados en su denuncia, incluyendo al legislador Bermejo, a quien ya le allanaron su casa como parte de la investigación de afronta, la que se suma al proceso por nexos con el terrorismo que viene de la etapa de su vida en la que se creía “revolucionario”.

Según la denuncia, el congresista Bermejo con ayuda de gente de su despacho, habría estado “gestionando” obras de reconstrucción en La Unión ante la ARCC en tiempos del golpista Pedro Castillo, y a cambio recibían un porcentaje en efectivo. Incluso un aspirante a colaborador ha indicado que llevó dinero al legislador hasta su casa del distrito de Santiago de Surco. El parlamentario, como siempre, ha culpado a “la derecha” y asegura que demostrará su inocencia.

Sin duda el colega Bayona ha chocado con una mafia de gente muy peligrosa y dispuesta a silenciarlo, por lo que la Policía Nacional está en la obligación de protegerlo junto a su familia, tal como se exige desde que salió a la luz este indignante caso que implica a un legislador de izquierda que se promocionaba como “luchador social”, para terminar siendo sindicado por el Ministerio Público de ser parte de una red que se aprovechaba de las necesidades de uno de los distritos más pobres del país.