El artículo 16 de la Constitución contempla que “Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República”. Por su parte, el artículo 17 señala que “La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita.”

A pesar de que la Constitución resalta el derecho a acceder a educación, llevamos más de 18 meses con las instituciones educativas cerradas. De hecho, 95% de instituciones siguen cerradas y esto ha implicado que 245 mil alumnos ya hayan dejado la escuela.

La evidencia internacional compartida por organizaciones como UNICEF, Banco Mundial, BID, UNESCO sobre el impacto de mantener las escuelas cerradas es rotunda. Han señalado que la crisis de salud mental causada por el cierre será una pandemia peor que la del COVID-19. Que los estudiantes están expuestos a otros riesgos cuando se quedan en casa, entre ellos depresión, hambre, ansiedad, aislamiento, violencia y pérdida de aprendizajes.

A su vez, la evidencia de diversos países que han retornado a la educación presencial –manteniendo condiciones de bioseguridad– revela que no se han incrementado los contagios.

Hoy tenemos 86,210 colegios habilitados para el retorno a clases presenciales, pero de estos solo 8% lo ha hecho. Todos estos colegios deben retomar algún grado de presencialidad en lo que resta del 2021 y las clases presenciales deben retomarse en todos los colegios en marzo de 2022.

Los escolares, sus familias y todos los ciudadanos exigimos que el Ministro se comprometa con el pronto retorno y lo comunique enfáticamente a todo nivel.

Por cierto, esta situación evidencia que la educación ya figura como derecho en nuestra Constitución y que a pesar de ello no hay servicio. Convenzámonos que lo relevante es que el Estado cumpla con proveer un servicio de calidad, lo cual pasa por tener buenos ministros, funcionarios y profesores, y que todos ellos pongan a los estudiantes al centro de sus decisiones.