La deslegitimación del Estado, del gobierno, de sus poderes y de sus instituciones es un proceso autodestructivo, acelerado en estos días, que corre contra la constitucionalidad, la ley y las garantías de justicia. Podríamos graficar el inicio de la embestida para hacer caer a Dina Boluarte en la imagen del llamado torito con que se derribó la puerta de su domicilio. Sin tener en cuenta que el Presidente tiene inmunidad durante su mandato. La irrespetuosa orden vino del controvertido y autocalificado agente encubierto coronel de la policía Harvey Colchado que ostenta en su haber el magnicidio de Alan García y la emboscada denunciada por el reconocido abogado Mateo Castañeda víctima de una abusiva, excesiva e inadmisible prisión preliminar. Ninguna presunción de inocencia funciona, el abuso de poder está a la orden del día, movido por el objetivo político ideologizado de tomar el poder al más alto nivel. Es evidente que Dina Boluarte no es la jefe de estado que necesitamos para esta oscura etapa del país, que sus errores la tornan cada vez más vulnerable, pero ello no significa aceptar los agravios a la institución de la presidencia y menos el complot organizado para que Boluarte salga del poder con malas artes y peores intenciones aprovechando consignas mediáticas. No estamos ante problemas menores si la justicia no ofrece garantías para nadie y es así porque tenemos un Ministerio Público que se debate en ostensibles pugnas internas de poder, una Policía que responde a interesadas campañas de desestabilización y jueces que secundan la arbitrariedad y los atropellos al derecho. Los apetitos políticos apuntan a un golpe de estado progresivo para derrocar el poder constitucional por vías extremadamente subalternas y peligrosas. Sin escrúpulos, límites éticos ni jurídicos todo servido para llegar al estado fallido sin ley y sin orden.