Hoy con la formalidad de control de acusación, el Poder Judicial dará el primer paso para castigar como se debe a los protagonistas de la última de muchas aventuras golpistas que ha vivido nuestro Perú en sus 202 años de vida republicana: Pedro Castillo, cuatro de sus exministros y tres policías acusados por el Ministerio Público de haber sido parte del complot encabezado por el entonces jefe de Estado para acabar con el orden constitucional e instaurar una dictadura interminable y abusiva como la que sufren Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La investigación ha durado casi un año, un tiempo bastante corto si se tienen en cuenta los plazos eternos que duran la mayoría de pesquisas en el Ministerio Público. Creo que hay dos razones de peso para que esto haya sucedido: que el trabajo no ha estado a cargo de ninguno de los fiscales ideologizados e ineficientes que ya conocemos; y que al asunto no hay mucha vuelta que darle, pues la proclama golpista se emitió por televisión y fue vista por el Perú y el mundo entero. La acusación es irrefutable y no deja mayor espacio a la interpretación.

Por eso, es de esperarse que tras el juicio oral seamos testigos de la dura condena que merecen todos aquellos, sean de izquierda o de derecha, que aspiran a adueñarse del poder. Acá el agravante es que Castillo también intentó capturar el íntegro del sistema de justicia que incluye al Ministerio Público, entidad que le había abierto investigaciones por los clarísimos indicios de corrupción en que estaba embarrado junto con su familia. Es más, quiso meter presa sin orden judicial a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que tenía su caso entre manos.

Un comentario aparte merecen los pésimos abogados Betssy Chávez y Aníbal Torres, la primera presa de manera preventiva y el segundo libre nadie sabe por qué, quienes sin duda alguna “asesoraron” al mandatario, un hombre con grandes limitaciones académicas y profesionales, y lo enviaron a dar el golpe de Estado que en cuestión de minutos lo llevó a acabar expulsado del cargo y preso. Estoy seguro que ambos son tan o más culpables que Castillo en el quiebra del orden constitucional del mediodía del 7 de diciembre de 2022.

El Poder Judicial, en nombre de la institucionalidad y el Estado, tiene ante sí una gran oportunidad para demostrar que está en condiciones de castigar esta última aventura golpista, y de paso darle un mensaje a todos esos aspirantes a tirano que creen que pueden llegar al poder para luego perpetuarse en él, siempre con el trillado cuento de que lo hacen “por los pobres”, y contra “los ricos” y los “grupos de poder”. A otros con esa farsa que ya cansa. Por ahora, respondan ante la justicia y prepárense para largos años en la sombra.