La gravedad de los delitos cometidos por Pedro Castillo y su camarilla golpista ha quedado demostrada ayer en la acusación formulada por el Ministerio Público contra dicho expresidente, tres exministros, un exasesor y tres policías que según los cargos debidamente sustentados, habrían estado detrás del último intento que se ha visto en el Perú por traerse abajo la democracia, acabar con la separación de poderes y adueñarse de las instituciones públicas para manejarlas a su antojo.

Para Castillo se ha pedido 34 años de cárcel, mientras que a la premier Betssy Chávez, y a los ministros Willy Huerta y Roberto Sánchez les esperarían 25 años de reclusión. El que también tiene la soga al cuello es el exasesor Aníbal Torres, pues piden 15 años de prisión. Los que también han sido implicados son tres oficiales de la Policía acusados de acatar las órdenes de la camarilla golpista, para los que se pide 25 años de reclusión. Todos son procesados por rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública.

Es saludable que el Ministerio Público no se haya comido el cuento de Castillo y sus defensores, que afirman que el mensaje golpista del 7 de diciembre del 2022 fue una “inocente” proclama sin mayor efecto, como si el hecho de que un jefe de Estado en funciones salga a anunciar desde su despacho de Palacio de Gobierno y con la banda colocada en el pecho, el cierre del Congreso y la toma de sistema de justicia, fuera una payasada o algo irrelevante.

Esta acusación también se trae abajo ese otro discurso, muchas veces risible, que dice que el profesor fue víctima de un golpe de Estado de parte del Congreso, o de la prensa, o de “la derecha”, cuando en verdad el mundo entero vio a Castillo anunciando el fin de la democracia. Luego se ha sabido que incluso dispuso la ilegal detención de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien lo investigaba como presunto cabecilla de una banda de delincuentes enquistada en la cúpula del poder.

Ahora Castillo y su camarilla, además de tres policías que habría que ver qué tanta responsabilidad tienen, responderán ante el Poder Judicial, tal como debería suceder en cualquier democracia con quienes pretendan patearla para asumir poderes que nadie les dio. Esto es, también, un mensaje para todos aquellos que desvaríen y sueñen con convertirse en tiranos, sean de izquierda o derecha, porque dictadura es dictadura, venga de donde venga.