La semana pasada el Poder Judicial dictó la primera sentencia contra uno de los implicados en el escándalo Lava Jato que salió a la luz en el Perú en los últimos días el 2016, y hoy se inicia el juicio oral contra Keiko Fujimori por el llamado “caso cócteles”. Sin embargo, la lucha contra la corrupción llega desgastada, cuestionada y con falta de credibilidad debido al accionar politizado de un Ministerio Público que sin duda no ha estado a la altura del reto de investigar y buscar condenas de manera limpia y profesional a quienes nos han robado.
Lamentablemente, la lucha contra actos de corrupción que han implicado a presidentes, gobernadores, alcaldes y políticos de alto perfil ha sido más fuegos artificiales que otra cosa. Además, la labor de los fiscales, especialmente el equipo que encabeza Rafael Vela Barba, ha sido muy deficiente y contaminada por criterios políticos y odios como el de su subordinado José Domingo Pérez, que hace poco pidió cárcel para Keiko Fujimori por salir del país, cuando ella no tenía impedimento. Un papelón total.
La lucha contra la corrupción del caso Lava Jato en el Perú debió hacerse de forma limpia e inobjetable, como parecía ser en un inicio. Sin embargo, los fiscales de Vela han sido un tremendo fiasco que ahora permite que los corruptos aleguen “persecución política” o “excesos”, todo esto gracias a la falta de profesionalismo de magistrados que hace tiempo han tenido que dejar los casos que tienen en sus manos para dar paso a sangre nueva que venga con ganar de trabajar y armar casos, en lugar de tanta figuración y entrevista.
Los ciudadanos a los que nos han metido la mano al bolsillo todos esos que se dejaron sobornar por una banda de bribones brasileños, merecíamos investigaciones y conductas prolijas de parte del Ministerio Público que es manejado por una junta de fiscales supremos cuyos miembros hace rato debieron ser enviados a sus casas, para así refundar esa institución que en un país plagado de corruptos y delincuentes comunes debería ser garantía de investigaciones profesionales y con apego a la ley.
El que robó, se dejó coimear o blanqueó dinero, que se vaya a la cárcel, sea quien sea. Sin embargo, con la actitud de los fiscales a cargo, todo ha sido echado a perder al extremo que los malos de la película ya no son tan malos, sino quizá víctimas de un Ministerio Público abusivo que han abierto investigaciones y tomado medidas que luego han sido revertidas, como las prisiones preventivas, sentencias adelantadas en realidad, que han ido quedando en nada.
