En las últimas horas los peruanos hemos sabido que el candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, no solo había sido escudero mediático de un terrorista, asesino y secuestrador como Víctor Polay Campos (a) “Rolando”, sino que además estuvo preso en Lurigancho en los años 70, algo que el caballero no reveló desde el inicio de su postulación para que el ciudadano sepa quién sale a pedir su voto con la intención de convertirse en su principal autoridad.
Puede ser que López Chau haya sido enviado a la cárcel por reclamar en las calles contra la dictadura del general Juan Velasco Alvarado, sin embargo, por qué no lo admitió desde un principio. ¿Hay algo más detrás de todo esto? El problema adicional es que este candidato de izquierda no solo calló en un principio frente a los electores, sino también ahora al no aclarar con apertura y exactitud, por qué fue encerrado en un penal, de donde se dice que salió a través de una amnistía.
Para lanzarse a un cargo político en el Perú y cualquier país del mundo, hay que tener el armario limpio o si no es así, estar dispuesto a abrirlo para que los ciudadanos vean qué hay dentro y decidan si apoyan o no al postulante. Eso de tratar de echar sombras al pasado dudoso, o de querer de justificarlo con malabares verbales una vez que se es puesto en evidencia, equivale a mentir, lo que en cualquier lugar tendría que descalificar a quien salga a pedir el voto de la gente, que merece respeto.
Faltan tres meses para las elecciones y sería bueno preguntarnos qué otras situaciones oscuras van a salir a la luz respecto de López Chau, quien parece que no tiene a la transparencia como una de sus fortalezas. ¿Así quiere ser presidente?, ¿así va a ir a la plaza pública a hablar de honestidad y a criticar a los políticos mentirosos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia? Además, quién nos asegura que si este señor sale elegido, no van a salir a la luz más hechos que lo descalificarían para el cargo. Hay motivos para dudar.
El elector deberá evaluar si puede confiar en el defensor de un terrorista al que llamó “luchador político”, en alguien que como rector de una universidad pública abrió su campus para albergar a gente que venía a Lima a reclamar con suma violencia en las calles tras la vacancia del golpista Pedro Castillo, en quien plantea usar fondos del Banco Central de Reserva (BCR) para fines ajenos a los que la ley dispone, y en aquel que ha ocultado su pasado carcelario por motivos aún mantenidos en reserva. Están todos advertidos, luego no se quejen.
