La reforma que permitió el financiamiento público a los partidos (Art. 35 CP) buscó fortalecer la democracia bajo criterios de igualdad. Sin embargo, ante las Elecciones 2026 y un récord de organizaciones inscritas, el sistema actual de desembolso directo muestra sus grietas. Las resoluciones sancionadoras de la ONPE —que incluyen multas a partidos por gastos en sueldos excesivos, consultorías dudosas e incluso víveres— evidencian que el control ex post es insuficiente para frenar la malversación del erario.
Para optimizar este mandato constitucional, el financiamiento debería evolucionar hacia un crédito de gastos gestionado de forma indirecta. La propuesta consiste en extender el modelo de la franja electoral a los gastos de formación y funcionamiento. Bajo este esquema, el Estado no entregaría efectivo, sino que pagaría directamente a una red de proveedores acreditados (imprentas, consultores, medios, etcétera) mediante una lista de precios pública y auditada.
El financiamiento público e indirecto del gasto garantiza que cada sol cumpla su fin institucional sin vulnerar la autonomía partidaria. Los organismos electorales, como el JNE y la ONPE realizan esfuerzos de fiscalización, pero entregar dinero líquido a organizaciones novatas sin historial de transparencia sigue siendo una candidez sistémica. Si el financiamiento es un deber constitucional, su ejecución debe migrar del cheque en blanco al pago finalista. Solo así aseguraremos que el dinero público construya partidos reales y no plataformas de beneficio privado.
