Las cifras de contagios y muertes entre médicos, enfermeras, militares y policías parecen de película de terror, y son apenas una muestra de esta masacre de peruanos que viene siendo la pandemia del COVID-19. Hoy la esperanza son las vacunas que comienzan a llegar en una semana, y es de esperar que el Estado ya cuente con un plan para aplicarla, comenzado por los que están en primera línea de batalla, como son todos los mencionados al inicio de este párrafo.

Desde que empezó la crisis, el Estado ha fallado a los peruanos. Lo vimos con el descalabro de las pruebas de descarte, con la ausencia de camas UCI, de oxígeno y de gestión de recojo de cuerpos. Lo padecimos también con las falencias en la compra de equipos de protección personal para profesionales de la salud y policías, con el rechazo a recibir aportes de privados por taras ideológicas, y hasta con la ausencia de una contabilidad certera de fallecimientos.

No olvidemos que al inicio de la emergencia sanitaria, cientos de alcaldes de todo el país, que también son parte del Estado, no fueron capaces ni de comprar con honestidad y premura unas elementales canastas de alimentos para sus vecinos más vulnerables. Incurrieron en irregularidades hasta en la adquisición de botellas de aceite, latas de atún y paquetes de fideos. Las investigaciones están hoy en manos del Ministerio Público y la Contraloría.

Es por eso que ahora, ante la tardía llegada de las vacunas contra el coronavirus, este gobierno de transición puede marcar una decisiva diferencia con la anterior gestión que ha sido un real desastre. Los números no mienten. No puede darse otro fiasco como los que venimos viendo desde hace diez meses, que nos han llevado a ser uno de los países con mayor tasa de mortalidad en el mundo, sin mencionar el aspecto económico.

Cada día que pasa, mueren en el Perú entre 300 y 400 personas por COVID-19, según el reporte del Sistema Nacional Informático de Defunciones (Sinadef), que arroja que de marzo del 2020 a la fecha ya habría más de 100 mil fallecidos por esta peste. La vacunación masiva es vital y al menos en esto el Estado, con el apoyo de los privados que han aportado para acelerar la llegada de las dosis, tiene que acertar. Un error más, implicaría cientos de fallecimientos adicionales.