En la ceremonia por el Día de los Defensores de la Democracia, la presidenta Dina Boluarte, fue muy elocuente contra el terrorismo. En un momento en que el país se enfrenta a desafíos legales planteados por excabecillas terroristas ante instancias supranacionales y continúan los atentados en el VRAEM, la mandataria expresó su indignación, pero también su firme compromiso con la defensa de la democracia y la lucha contra la subversión. “Defenderemos los intereses de los 33 millones de peruanos y no saldrá un solo sol del erario nacional para pagarles (a los terroristas)”, dijo luego de condecorar a miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que hace 31 años capturaron al sanguinario líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
La lucha contra el terrorismo y cualquier amenaza a nuestra libertad y seguridad es un imperativo moral y una responsabilidad del Estado. Sin embargo, las buenas intenciones y los discursos grandilocuentes no son suficientes. Las palabras están allí, vigorosas y altisonantes, pero ojalá que la práctica no vaya por otro camino.
Hay que tomar en serio lo que se promete y asumir estrategias para actuar contra los remanentes terroristas que sigue asolando algunas zonas del país. A propósito, en Vizcatán del Ene, Satipo, Junín, los senderistas han secuestrado hace pocos días a un técnico de enfermería, generando zozobra y terror en la población. Faltaría saber cuál es el hilo conductor que llevará al Gobierno a solucionar estos problemas tan delicados. Se necesita un plan integral de enfrentamiento al terrorismo, que no es precisamente la que se ha venido sosteniendo en los últimos años.
