La huelga magisterial iniciada hace dos meses en Cusco, presente hoy en la mayoría de regiones, ha marcado la agenda política del país obligando a todos los actores políticos, sociales e instituciones del Estado a tomar posición respecto a ella y la educación en el país.
El objetivo nacional es una educación -sobre todo pública- de calidad, con capacidad formativa de ciudadanos, con solvencia que ayude a construir capital humano con oportunidades similares, que permita desarrollar capacidades democráticas y de ejercicio de derechos. Además, que cumpla las obligaciones en la medida que buscamos construir un Perú en democracia, sin pobreza ni exclusiones, a fin de que todos los peruanos tengamos las mismas oportunidades para progresar y vivir con tolerancia, respetando el medio ambiente.
Un requisito indispensable para estos logros es la capacitación permanente a los docentes mejorando su desempeño profesional, evaluándolos sí, pero fundamentalmente sin ánimo punitivo ni para despedirlos, respetando su derecho a la estabilidad laboral, desarrollando programas adecuados de reinserción laboral.
Hace años asumimos el compromiso nacional de destinar el 6% del PBI como presupuesto para la educación en el Perú, compromiso que solo es posible si alcanzamos una recaudación tributaria por encima del 20% del PBI para mejorar la infraestructura, sueldos y los materiales necesarios para una educación de calidad.
Es preciso pagar la deuda social contraída por el Estado mediante trámite administrativo y sin necesidad de tener que recurrir a costosos procesos judiciales.
El diálogo en democracia es la mejor manera de resolución de problemas y conflictos, considerando que la organización gremial es un frente con posiciones diversas.
