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Lo más probable es que Nadine Heredia y Ollanta Humala vayan al banquillo de los acusados por el presunto delito de lavado de activos. La acusación fiscal se basa en el supuesto blanqueamiento de dinero de Odebrecht en las campañas del 2006 y 2011 y en beneficio propio. Se transitará de la etapa de las prisiones preventivas a la acusación real. Es un paso decisivo.

Así también de certero es que el juez Richard Concepción Carhuancho, que antes vio la causa para ordenar la prisión preventiva de ambos líderes del Partido Nacionalista, esté proclive a darle luz verde a la acusación para que pase a juicio, que será visto por otros magistrados. Entonces, tendremos un proceso contundente.

El fiscal Germán Juárez, quien presentó la carpeta principal con más de 160 tomos y 388 cuadernos auxiliares con las pruebas incriminatorias, ha pedido 26 años y 6 meses de prisión para Nadine Heredia y 20 años para su pareja, el expresidente Ollanta Humala. Por lo tanto, es el proceso más acelerado que tenemos en el caso “Lava Jato”.

El magistrado apeló al artículo 45 del Código Procesal Penal para fundamentar las condenas requeridas. En especial, lo remarcado en su acápite 1: “Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función que ocupe en la sociedad”.

Efectivamente, la posición de ambos personajes es política -y antes fue gubernamental-, con una amplia cuota de poder. Además, el Ministerio Público supone, bajo la avalancha de indicios, que Humala y Heredia debían sospechar que el dinero de Odebrecht tenía origen ilegal. Suena lógico.

Esperemos que, en aras del debido proceso, y gozando de la libertad que les otorgó el Tribunal Constitucional tras revocar la prisión preventiva, la pareja de políticos se someta al debate en una sala judicial. Ya bastante tenemos con políticos prófugos y otros que han tratado de petardear el camino a la justicia.