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La violencia y el salvajismo protagonizados por obreros que irrumpieron y tomaron la sede del Ministerio de Trabajo en Lima requieren sanción y aplicación, con firmeza, de lo señalado en los artículos 200, 281 y 283 del Código Penal; ya que acciones como estas son tipificadas como delito. La impunidad que reina en este tipo de acciones erosionó y desgastó el principio de autoridad en el país, donde bloquear vías y atentar contra locales es pan del día, sin que exista firmeza en hacer cumplir la ley.

Lo ocurrido en la sede de Trabajo es un claro ejemplo de cómo los trabajadores ahora buscan la impunidad tras cometer violencia y vandalismo, respaldados por un grupo de congresistas izquierdistas que alientan este tipo de acciones para no perder su popularidad.

Similar situación se presenta en la conflictiva zona del Valle del Tambo en Arequipa, donde las protestas son diarias. Incluso una turba de encapuchados mantiene en zozobra a varios pueblos, ya que impiden que niños de algunos distritos concurran a sus colegios para estudiar, con el riesgo de perder el año lectivo, y atentan contra aquellos que son contrarios a sus medidas.

Esta semana, los violentistas se enfrentaron a la Policía, y 5 efectivos quedaron heridos e internados en el hospital.

Los promotores de las protestas argumentan que se está criminalizando su accionar, pero solo buscan la impunidad y desafían el principio de autoridad.

Protestar es un derecho, pero la violencia y el vandalismo, como está ocurriendo con mayor frecuencia en el país, deben ser castigados cumpliendo las leyes.   

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