La renuncia del Directorio de Petroperú es una consecuencia de la inacción del Gobierno. Esta es una pésima señal del Ejecutivo, que no solo nos afecta en el plano institucional, sino también a las familias y empresas en su día a día. Desde mayo de este año, el directorio alertó de la situación financiera y administrativa de la empresa estatal. Ya no solo hablando de pérdidas anuales, que en 2023 fueron de US$ 823 millones, y se proyecta una cifra similar o superior para 2024, sino también una ratio de endeudamiento de 7.5; es decir, que mantiene deudas por más de siete veces el valor de su patrimonio. Evidencia una pérdida de posición competitiva, habiendo cedido cuota de mercado de 50% en 2017 a 24% a junio de este año. Para revertir esta situación, el Directorio planteó una reestructuración profunda que, si bien requeriría de una inyección de capital del Gobierno, sería condicionada a ejecutarse acciones de eficiencia organizacional: autonomía en una eventual la gestión privada de la empresa estatal, lo que aseguraría la atracción de capital privado. No una privatización, como se viene desinformando desde el Ejecutivo, sino aplicar una herramienta habilitada desde muchos años atrás, pero que, dadas las condiciones de gestión de Petroperú, no se implementó. El Gobierno “la hizo larga”, guardó silencio, no tomó la problemática con sentido de urgencia y el Directorio finalmente renunció. El Ejecutivo perdió la oportunidad de dar una señal clara y firme de compromiso con el país. Se tendrá que buscar otro grupo de directores independientes, profesionales, que persistan en la recomendación del directorio saliente, sin ningún tipo de condicionamiento. De lo contrario, pasará el tiempo, llegaremos al último trimestre del año, y nuevamente habrá que rescatar a la empresa estatal para que cumpla con sus obligaciones. Nuevamente la mano al bolsillo de las familias y empresas que contribuyen con sus impuestos a los ingresos del Estado. Nuevamente una inacción que genera consecuencias para todos.