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El sábado último, la estatal Petroperú denunció que durante la madrugada de ese día, un grupo de al menos 400 pobladores provistos de lanzas irrumpió en la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, en la región Loreto, por lo que fue necesario evacuar al personal y los contratistas, y suspender las operaciones en medio de esta situación de tensión.

Estos hechos se producen en momentos en que se realiza un paro indefinido en la zona, en protesta por la actividad petrolera y luego de reiteradas amenazas. Finalmente, el sábado se dio la irrupción que afecta el envío del crudo hacia la costa y, en general, a la economía del país, tal como viene sucediendo con las reiteradas afectaciones al ducto.

Frente a situaciones como estas, la Policía y el Ministerio Público tienen que actuar con toda la contundencia que la ley permite. A nadie se le puede permitir este tipo de acciones delictivas. Es lamentable que en los últimos tiempos nos estamos acostumbrando a situaciones al margen de la ley, protagonizadas por quienes habitan en el entorno de la infraestructura petrolera nacional.

En un Estado de Derecho, estas medidas ilegales son inaceptables, sin importar quiénes son las personas agresoras. La ley es igual para todos y las autoridades están en la obligación de hacerla valer. Es verdad que hay unos reclamos de la población que deben de ser atendidos a la brevedad. Sin embargo, con acciones violentas e ilegales, nada se podrá lograr.