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El lunes 7 de mayo se incautaron cinco inmuebles de Ollanta Humala y Nadine Heredia, de sus familiares y de una amiga, por disposición del juez Concepción Carhuancho, resolviendo lo pedido por el fiscal Germán Juárez. Al día siguiente, el mismo juez resolvió suspender por 30 días la incautación del inmueble, vivienda de los Humala-Heredia, preservando el derecho de sus tres menores hijos.

Esta incautación es un error y cuestiona el profesionalismo de la lucha contra la corrupción. Los bienes ya estaban embargados, bajo la modalidad de inscripción en Registros Públicos, lo que impide que los Humala-Heredia puedan disponer de ellos.

La incautación es abusiva, ya que se hace sin que la ex “pareja presidencial” haya sido sentenciada; ni siquiera tiene acusación fiscal, ni ha sido procesada.

No se pueden adelantar medidas que causen daños innecesarios, ni dejar de lado la presunción de inocencia. Solo una sentencia firme puede determinar en definitiva la culpabilidad de los procesados y convertir los embargos cautelatorios en definitivos.

No tengo ninguna simpatía por los investigados, pero no avalo esta medida, por ser excesiva. Bastaba con el embargo preventivo bajo la modalidad de inscripción registral; no era necesaria la incautación.

Esta incautación debilita el sistema de lucha contra la corrupción, genera la percepción de victimización de los investigados, que puede terminar beneficiando a estos. Es tan absurda que da la sensación de que con ella se quisiera preparar su reingreso a la política, con una probable futura candidatura de Nadine Heredia.

Es necesaria una pronta rectificación de este despropósito.