Mientras la inseguridad ciudadana y el crimen organizado mantienen en vilo a los peruanos, otra amenaza golpea a diversas regiones del país: los incendios forestales. Las llamas no solo destruyen bosques y pastizales; también se pierden vidas humanas, viviendas, cultivos, animales y los medios de subsistencia de numerosas comunidades. Frente a esta realidad, la respuesta del Estado no puede limitarse a declaraciones de preocupación ni llegar cuando el fuego ya ha arrasado todo a su paso.
La presidenta Keiko Fujimori ha recomendado a la población que tenga mucho cuidado al momento de la quema “porque estos incendios este año y el próximo, por el Fenómeno del Niño, se puede salir de control”. La advertencia merece atención. En distintas comunidades, la quema de terrenos forma parte de prácticas transmitidas de generación en generación, vinculadas a la preparación de tierras y a creencias sobre el ciclo de las lluvias. Sin embargo, una costumbre no puede convertirse en justificación para poner en peligro a poblaciones enteras. La sequedad de la vegetación y los vientos pueden favorecer la propagación del fuego, transformando una quema aparentemente controlada en una emergencia. Es necesario promover alternativas agrícolas, educación ambiental y mecanismos de vigilancia que permitan modificar estas prácticas sin ignorar la realidad de quienes dependen del campo.
Pero la responsabilidad no puede recaer únicamente en los ciudadanos. El Gobierno debe garantizar una respuesta con brigadas preparadas, equipos adecuados, sistemas de alerta temprana y coordinación efectiva entre autoridades nacionales, regionales y locales.
