La seguridad nacional tiene como principal objeto de protección la integridad territorial y la soberanía nacional, entendiendo que ésta última –como lo sostenía Enrique Bernales– “tiene dos sentidos complementarios entre sí: equiparidad soberana de los estados en la escena internacional, y poder supremo al interior del estado nacional”. Por tanto, se amenaza a la soberanía del país cuando un estado extranjero pretende parte de nuestro territorio o su dominación política; pero también cuando agentes y organizaciones con ideologías contrarias al Perú persiguen ejercer influencia en las decisiones internas para facilitar la consecución de intereses particulares.
Por eso, una de las finalidades de la defensa nacional conlleva resguardar a la población “contra la infiltración ideológica, antidemocrática, subversiva y fundamentalista que procure destruir nuestra cultura y ridiculizar nuestras tradiciones, para transformar las estructuras del estado a fin de imponer un sistema totalitario”, de manera de evitar colocar en riesgo al estado constitucional democrático de derecho, la soberanía nacional y la continuidad del Estado Peruano.Es indudable que el gobierno de Pedro Castillo estaba siguiendo ese curso antipatriótico –disimuladamente– a través de acciones de desgobierno, viajes improductivos, y discursos incoherentes con la realidad nacional, agravando la “alta vulnerabilidad de las personas y el estado frente a las amenazas y preocupaciones a la seguridad nacional” que reflejaban la intención de generar el caos, la anomia y justificar que nuestro sistema democrático no funciona.Urge en consecuencia, que la sociedad y quienes tienen la responsabilidad constitucional de proteger a la soberanía nacional estén atentos ante cualquier acción que pretenda emular la traición contra los intereses y objetivos nacionales, de manera que –oportunamente– se prevean estrategias efectivas para superar esta amenaza contra nuestra seguridad nacional. Analice usted.
