Son varios los procesos que se le siguen a Nadine Heredia, esposa del Presidente y presidenta del Partido Nacionalista. Será el Poder Judicial el que dirá si cometió algún ilícito. Nadie más. Pero cada día se le suman, como adornos al arbolito de Navidad, nuevas denuncias judiciales.
Si bien el Perú da muestras de hacer eso de modo constante con los funcionarios públicos, como se hizo en el caso de funcionarios fujimoristas que después de años salieron libres de polvo y paja, ello es una conducta perniciosa que no debería repetirse.
Pero la Primera Dama no es funcionaria pública y sin embargo está inmersa en procesos relacionados con la administración pública. Ello porque en este “gobierno familiar” que nos anunció sin reparo alguno el presidente Humala, ella ha tomado decisiones, usado bienes públicos (medios de transporte, televisión nacional, entre otros) y zanjado públicamente temas de discusión económicos o políticos que no competen a una primera dama.
Dicen los funcionarios públicos y los empresarios que ella asistía a reuniones de trabajo y a veces lo hacía sin su esposo ni otros funcionarios. Hoy sus más encarnizados rivales eran de su partido y el Presidente los ha llamado “ratas” por abandonar el barco.
Como sea, no es novedad lo que está pasando. Lo hemos visto y permitido durante todo este gobierno. ¿Decir que la compra de Repsol no va es un delito? ¿Decir que no se subirá el sueldo mínimo es un delito? ¿Preguntar dónde están sus ministras es un delito? Definitivamente no. Quizá el uso de bienes públicos sea pasible de sanción, pero ¿quién es el responsable de todo? ¿Ella o él?
