Escuchamos que la inseguridad es el primer problema que tenemos en el Perú, un eufemismo que nos impide mirar de frente que es la criminalidad y la delincuencia la que se ha enseñoreado en las ciudades en América Latina, en donde mandan bandas internacionales organizadas. Tenemos que fortalecer el Estado de Derecho, el sentido de la legalidad y la autoridad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Cada vez más lejos de este ideal el gobierno debe invertir en la capacitación y el equipamiento de la policía, así como en la modernización de la justicia penal. Muy importante abordar las causas subyacentes de la criminalidad, como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la exclusión social. Necesitamos programas de desarrollo comunitario, educación, empleo juvenil y acceso a servicios básicos. Dada la naturaleza transnacional del crimen organizado, la cooperación entre los países de la región resulta crucial si queremos combatir eficazmente el crimen, incluido el tráfico de drogas, armas y personas. Se está banalizando y aceptando la convivencia con la corrupción y el crimen, con la extorsión y el robo de vehículos que son rescatados por las víctimas con el pago de recompensas bajo la mesa que se han hecho costumbre. Todo esto sucede mientras la presidenta Dina Boluarte defiende, sostiene y mantiene a un ministro del Interior interpelado por el Congreso y en vías de ser censurado. Se requiere un enfoque integral y un líder con experiencia que tome la batuta con decisión política que lo respalde. Un nuevo ministro del Interior que tenga un plan que pueda implementar inmediatamente con transparencia y seguridad para recuperar la esperanza. La resignación no es una opción.
