Las medidas extraordinarias impuestas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele bajo el rótulo de “Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción” han permitido a su gobierno asestar golpes durísimos a las bandas delincuenciales que azotan su país. Los salvadoreños aprueban a su presidente en un 90%, mientras que el 77 % está de acuerdo en que se apliquen medidas más duras contra los criminales, en tanto que el 12% dijo estar “algo” de acuerdo, según la encuesta de hace una semana de CID Gallup. lo que implica que el 89% de la ciudadanía está a favor del empleo de acciones contundentes contra las pandillas.
Si El Salvador es un ejemplo de construcción de gobernabilidad en un país con alta tradición de violencia social, Haití representa todo lo contrario. En síntesis, hay tantas pandillas en ese país que han desbordado la institucionalidad formal y legal. Han destruido casas con excavadoras para ampliar su territorio, violando a mujeres y niñas y matando a ciudadanos de a pie al azar. Superaron incluso al Ejército, no solo a la policía.
¿Cómo “superaron” el problema algunos haitianos? Durante años, las élites usaron a las bandas para silenciar a la disidencia y enfrentarse a sus rivales. Poderosas familias empresarias pagaron mucho dinero a las bandas para que velen por la seguridad de sus comercios. Así es como algunas pandillas grandes lograron el control del puerto de la capital Puerto Príncipe y han conseguido armas de guerra más avanzadas que las de las Fuerzas Armadas haitianas.
La violencia de las pandillas ha costado a Haití unos 4,200 millones de dólares al año (30% del PBI) y ha violencia ha desalentado la inversión extranjera, ha bloqueado las rutas comerciales y ha perturbado el resto de la economía local, impactando en la inflación y en la falta de crecimiento.
Bukele tiene muchos críticos. Pero quizá su alternativa, vista en el espejo de Haití, haga valer elegir por la gobernabilidad y no por la inseguridad.
