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Desde que las ONG caviares recurrieron a la CIDH, buscando anular el Indulto Humanitario (IH) concedido por PPK a AF, no cesaron de repetir, ni un solo día, en todos los medios que les dieron cabida, que el órgano supranacional revertiría sus efectos y lo devolvería a prisión.

Conocidos abogados caviares, defensores de terroristas y de sus familiares, exponían sus argumentos en diarios, TV y redes sociales, así como su “estrategia” de defensa contra el IH. Obnubilados por la soberbia de haberle “ganado” al Estado peruano casi todas las demandas que le entablaron ante la CIDH, por las que obtuvieron cuantiosas indemnizaciones, vaticinaron que la CIDH no tardaría en anular el IH, y que volverían a ver en prisión a AF, para alegría y satisfacción de rojos, caviares y colectivos antifujimoristas.

Cuando el Colegiado B de la Sala Penal Nacional (SPN), que juzga el caso Pativilca, resolvió que el Derecho de Gracia por razones humanitarias al expresidente Alberto Fujimori es inaplicable a ese proceso, fue el éxtasis de los caviares, y lo consideraron el preludio de su retorno al penal.

Se pronunció la CIDH y ¿qué fue lo que dijo? Que sí existe la posibilidad del control jurisdiccional en sede nacional de la resolución del Presidente de la República que otorgó el indulto por razones humanitarias a Alberto Fujimori (C. 59 de la Res.); consecuentemente, remite a fuero nacional su revisión. Para llegar a esta conclusión tomó en cuenta que, en sede constitucional nacional, ya han habido dos resoluciones de control jurisdiccional de indultos, en el 2007 (caso Jalilie) y en el 2011 (caso Crousillat), lo que no fue objetado por la parte demandante. Así mismo, tomó en cuenta la decisión de la SPN que no excluyó a AF del caso Pativilca. Es decir, lo que para ellos era un triunfo fue, en realidad, su derrota.